Jesús Antonio del Río Portilla

Empecemos con alguna buena noticia. El pasado 8 de octubre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó por consenso, es decir, sin voto en contra, el Derecho Humano a un ambiente seguro, limpio y saludable.

Con este hecho histórico se reconoce que todas las personas que habitamos este planeta tenemos el derecho a disfrutar de un ambiente que nos brinde seguridad y aporte a nuestra salud.

Con esta declaración, que por cierto el gobierno mexicano votó a favor, podemos continuar exigiendo que las actividades humanas no deterioren el ambiente provocando daños a la salud y contaminando los suelos, las aguas o el aire.

Como lo he mencionado en diversas ocasiones, las actividades humanas en este último siglo han provocado cambios en la atmósfera; sin embargo, hay que mencionar que quienes más consumen tienen mayor contribución a este cambio climático global, aunque las consecuencias son pagadas por la población en general y quienes menos tienen pagan en demasía.

En este sentido, la propuesta de que la CFE despache primero las plantas de combustibles fósiles que las plantas solares o eólicas es un contrasentido, ya que al no disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero estamos obligando a las futuras generaciones a pagar los impactos negativos que hoy en día estamos generando nosotros.

Es un total contrasentido despachar antes de la solar y eólica a las generadas con combustibles fósiles que son caras y contaminan.

Debe quedar muy claro: el cambio climático futuro lo estamos causando quienes vivimos y usamos la energía que hoy se genera con combustibles fósiles y, más daño se provoca si se usan el carbón y el combustóleo.

Para lograr que el cambio climático no sea tan grave en algunas décadas debemos actuar hoy. No es posible diferir el cambio a las fuentes renovables, de hecho, ya nos tardamos. Desde el sexenio anterior el apoyo a las renovables no fue contundente, sino que la reforma energética de ese período se encaminó a posibilitar la extracción rápida de los hidrocarburos del subsuelo. A pesar de este objetivo extractivista, se posibilitó que se abriera el mercado a las fuentes renovables. Estas fuentes renovables presentan hoy en día los precios más bajos y por ello el mercado mismo las selecciona para incrementar las ganancias.

En nuestro país la generación con renovables, solar y eólica, ha crecido y gracias a ello, se están cumpliendo marginalmente las metas que nos fijamos para colaborar en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La forma actual de suministrar energía es despachar primero a las fuentes más baratas para luego satisfacer la demanda con las otras fuentes. Si bien este esquema es totalmente mercantilista, tiene la ventaja de que hoy las renovables son más baratas y no emiten gases de efecto invernadero. Durante muchos años, quienes estamos preocupados y ocupados en disminuir los gases de efecto invernadero para no contribuir más al cambio climático, proponíamos que se impusiera un costo adicional a los combustibles fósiles para promover la investigación y el desarrollo tecnológico para, con las alternativas renovables, combatir, precisamente, a la contaminación generada con los combustibles fósiles.

Esas acciones ya no son tan necesarias, sin embargo, es necesario que implantemos una política de apoyo decidido a las fuentes renovables y es urgente que saquemos de funcionamiento a las plantas generadoras de combustión.

Cada vez es más claro que el cambio climático inició desde que la humanidad controla el fuego, solamente que es un cambio exponencial y lo peor es que estamos al final, donde el doble del impacto en miles de años está ocurriendo en décadas.

Basta leer el artículo que salió publicado la semana pasada en la revista Nature sobre la huella que dejaron los primeros pobladores maorís de Nueva Zelanda en los hielos de la Antártida [1]. Sí, esa población agrícola de roza, tumba y quema, como las culturas agrícolas mesoamericanas, dejó su huella por miles de años en los glaciares, una muestra de que los grupos de personas a lo largo de la historia han causado impactos negativos. Solo que con el conocimiento científico de ahora lo sabemos, ellas no lo sabían, y, por lo tanto, también tenemos la obligación de cambiar lo que ha parecido natural a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la reserva para el Estado de la extracción del litio debe ser acompañada de una política que limite un comportamiento extractivista por parte de cualquier empresa o del mismo Estado. Adicionalmente, su explotación debe realizarse respetando el ambiente y las culturas donde se encuentran estos yacimientos.

Ideal sería promover un desarrollo sustentable, considerando aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales, de las regiones y del país mismo basado en la conceptualización y oferta de productos y servicios con alto valor de intercambio.

Para muestra de que acciones que nos conduzcan a esquemas extractivistas no construyen el bienestar social tenemos al petróleo, que en más de 80 años no nos ha ayudado a tener un régimen de bienestar social.

Nuevamente, insisto, la propuesta de reforma en la política energética no está basada en el conocimiento, sino que parece provenir de ideas preconcebidas hace algunas décadas que hoy han mostrado que no conducen al bienestar social.

Las organizaciones sociales, las comunidades, algunos pueblos indígenas, seguidas de gobiernos y empresas, promovieron ante la ONU la declaratoria para que toda persona tenga derecho a un ambiente seguro, limpio y saludable. México votó a favor de esta declaratoria.

La propuesta actual de la reforma constitucional para el sector energético está a contrapelo de esta declaratoria.

Estoy listo para colaborar con organizaciones sociales, comunidades, pueblos indígenas, gobiernos y empresas para conseguir un sector energético mexicano que promueva el bienestar social basado en decisiones colectivas y en el conocimiento.

[1] https://www.nature.com/articles/s41586-021-03858-9

Fuente: delrioantonio.blogspot.com

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