Afirmó que uno de los elementos más importantes de la Ley tiene que ver con que no está constituida; es decir, que no se basa en el principio del deber ser, sino en la construcción de elementos estratégicos para cambiar la educación superior en el país

Convocada por El Colegio Nacional y transmitida en vivo a través de sus plataformas digitales, este sábado 26 de junio se llevó a cabo la mesa Los retos de la Ley General de Educación Superior, coordinada por Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior de la SEP, como parte del ciclo La Enseñanza: reto para el siglo XXI, que encabeza el colegiado Javier Garciadiego con motivo del centenario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Además del coordinador de la mesa, en la sesión participaron Lilian Kravzov Appel, Rectora de la Universidad Abierta y a Distancia de México; Javier Mendoza Rojas, Investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación-UNAM, y Carmen Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural-SEP.

De acuerdo con los participantes, la Ley General de Educación Superior fue resultado de la Reforma Constitucional de 2019 en materia educativa, que modificó diversos artículos, principalmente el Artículo 3º de la Constitución Mexicana, en el que se establecieron elementos importantes para la consolidación y desarrollo del sistema educativo nacional. Además, se señaló que de esta reforma surgieron leyes secundarias promulgadas en septiembre de 2019, como la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución en materia de mejora continua de la educación. Quedaron pendientes la Ley General de Educación Superior, promulgada recientemente, y la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se encuentra en proceso.

Durante su intervención, Javier Mendoza Rojas ofreció un panorama general de la reforma educativa celebrada en 2019, misma que “estableció la universalidad y obligatoriedad de la educación superior a cargo del Estado y, por lo tanto, la gratuidad de la educación superior pública. Este es uno de los principales retos que tenemos. México debe proporcionar oportunidades de educación superior a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos para su ingreso”.

En palabras del investigador, la modificación constitucional junto con la universalización de la educación superior establece a los alumnos como los actores centrales del proceso educativo y retoma la autonomía universitaria como elemento fundamental para el desarrollo libre, creativo, crítico y comprometido con el conocimiento.

“La Ley General de Educación Superior fue resultado de un proceso de más de un año muy participativo de una iniciativa de la Asociación Nacional de Universidades y Educación Superior. Se elaboró como ley general que obliga tanto a la federación, como a las entidades federativas y a los municipios.”

El investigador enfatizó que se tiene una meta del 50% de cobertura en educación superior para el 2025; “actualmente estamos en el 42%, se requiere de un esfuerzo muy importante en los próximos 4 años para alcanzar esta cifra: más de 200 mil estudiantes nuevos en educación superior, esto considerando el egreso del bachillerato; se requiere de un crecimiento muy importante, porque cada año están egresando más de un millón de estudiantes del bachillerato”.

Por su parte, Carmen Rodríguez Armenta recordó que la Ley General de Educación Superior se aprobó el pasado 20 de abril y tiene que ver con la obligación del Estado para garantizar este derecho humano. “Esta reforma constitucional otorga la obligatoriedad al Estado de que todos ingresen a espacios donde se genera conocimiento. Además, distribuye la función social de las instituciones de educación superior entre la federación, los estados y municipios también, e impulsa la coordinación, la promoción, la vinculación, la participación social y la evaluación para la mejora continua de estas dependencias.”

La titular afirmó que la educación superior debe ser universal, de excelencia, inclusiva, pública, gratuita y laica. “Esto es algo muy relevante porque hasta ahora solamente habíamos visto los elementos que tienen que ver con los niveles educativos previos a la educación superior. El reconocimiento y el respeto a la autonomía de las universidades es muy importante. Reconozcamos que la autonomía está ligada a la responsabilidad social, la circunstancia para que ellos puedan autogobernarse.”

Agregó que el Estado asume el compromiso de coadyuvar con las instituciones de educación superior en la aplicación de medidas para la prevención, erradicación y combate de todas las formas de violencia, en específico la de género. “En la Ley viene el compromiso del Estado con el financiamiento educativo: señala que se destinará, al menos, el 1% del Producto Interno Bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística.”

En su participación, Lilian Kravzov Appel retomó la idea de que esta ley es un vehículo importante para alcanzar la equidad y garantizar el derecho a la educación superior. “Reconoce en los Artículos 12º y 13º las modalidades de educación superior y las opciones que tenemos para implementarlas. Lo que ya muchas instituciones estaban haciendo, pero ahora se les dio formalidad, crédito y continuidad.”

Recordó que en este sistema educativo existen modalidades escolarizadas, no escolarizadas, mixtas y de educación dual. Además, el servicio puede ser presencial, en línea o virtual, abierto y a distancia, por certificación y examen. “Quiero resaltar aquí cómo estas modalidades y opciones acercan el servicio de educación superior a los estudiantes, garantizan la equidad en el acceso y permiten prepararlos para el futuro. Y entonces educar en un país tan disperso como México no tendría que implicar migrar y abandonar las comunidades.”

“El reto para cada una de las instituciones de educación superior es, sin duda, revisar esos modelos, fortalecerlos y proponer nuevas opciones de acercar esta educación a nuestros estudiantes”, enfatizó Kravzov Appel.

Al tomar la palabra, Luciano Concheiro Bórquez afirmó que uno de los elementos más importantes de la Ley tiene que ver con que no está constituida; es decir, que no se basa en el principio del deber ser, sino en la construcción de elementos estratégicos para cambiar la educación superior en el país.

El Subsecretario de Educación Superior de la SEP explicó que la Ley General de Educación Superior es plena en políticas efectivas para transformar la realidad. Recordó que el Artículo 61º del instrumento legislativo plantea la creación de un sistema de información para la educación superior fundamental para la condición de transparencia y acceder a una participación general, que permita construir opinión informada para transformar las realidades. “Estamos por hacer una integración de un sistema de evaluación y acreditación para la educación superior en México que revise críticamente lo que se ha venido haciendo y evalúe su efectividad.”

Agregó que “requerimos un estudio técnico sobre cómo construir un espacio común de la educación superior: este concepto de territorialidad efectiva, de aproximación, de vinculación con las realidades y entornos que nos rodean. La ley es muy clara en el planteamiento de los temas de igualdad, de equidad de género, habla del proceso de ‘inhumanidad’ en el que nos encontramos, relacionado con la violencia de género. En esta perspectiva nos planteamos cambios, lo mismo en términos de hacer instituciones de educación superior sostenibles y amigables con el entorno”.

El coordinador de la mesa agregó que la reforma constitucional plantea un modelo centrado en la gubernamentalidad; es decir, en el ejercicio de las diversas funciones, niveles e instancias de gobierno para que en su conjunto se construya una ley instituyente. “El planteamiento de crear instancias de coordinación y de participación de instancias de educación superior nos parece un punto central. La preocupación mayor es lograr, a través de un órgano colegiado, una interlocución, una posibilidad de deliberación, debate y consulta, así como de contar con elementos técnicos que permitan construir un sistema nacional de educación.”

El subsecretario puntualizó que esta reforma se convierte en una ley de la práctica, de la construcción cotidiana de espacios que permiten actuar en común. “Permite integrar estos espacios en una lógica central y de respeto de las autonomías de educación superior, así como en una lógica de compromiso con la sociedad y con los pueblos.”

Fuente: El Colegio Nacional

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